«Hay que defender los logros obtenidos en estos 24 años de democracia»

Por Alicia Gutiérrez, Diputada provincial del Partido SI

Al cumplirse este 24 de marzo un nuevo aniversario del trágico Golpe de Estado de 1976 en el país, que abrió el camino, entre otras cosas, a la implementación por parte de las Fuerzas Armadas de un plan sistemático de desaparición forzada de personas en conexión con las demás dictaduras militares del Cono Sur, se impone la necesidad de evaluar una vez más lo que ha significado la incansable lucha que han llevado adelante las organizaciones de Derechos Humanos por Verdad y Justicia.

En estos últimos años, ese largo batallar por la Verdad y la Justicia ha permitido la condena de casi 500 represores en todo el país y el avance de numerosas causas por delitos de lesa humanidad. En Santa Fe, a pesar de las dilaciones que se producen en el ámbito judicial que han demorado el inicio de algunos procesos y de los intentos de algunos represores por frenarlos o, directamente, impedirlos, están por iniciarse dos juicios contra delitos de lesa humanidad y otro se encuentra en trámite, lo que se suma a los 13 juicios que ya se realizaron y por los que fueron a la cárcel 50 represores.

Sin embargo, algunos acontecimientos difundidos en los últimos tiempos nos han alertado sobre el peligro de que los logros obtenidos durante estos 24 años de democracia se vean socavados. En primer lugar, se destaca la denuncia, realizada en 2013, de las tareas de espionaje que Gendarmería realizaba sobre dirigentes sindicales y políticos e integrantes de organizaciones sociales en el marco del denominado “Proyecto X”. Una base de datos que la propia institución admitió que existía, pero alegando que se dedicaba a recabar información sobre grupos narcos. En la misma línea se inscribe una noticia sobre un oficial mayor de Inteligencia que estuvo infiltrado durante más de diez años en la Agencia Rodolfo Walsh simulando ser periodista.

A esto se agrega la Ley Antiterrorista aprobada y puesta en vigencia por el gobierno nacional a fines de 2011 y que recibió el repudio de distintos sectores sociales y políticos, incluso de aquellos afines al kirchnerismo. Dicha ley, que agrava las penas para quienes “aterroricen a la población”, no especifica a qué se refiere con terrorismo lo que podría ser utilizado para perseguir las protestas políticas o los conflictos sociales.

Por último, las declaraciones del gobernador Scioli sobre evaluar el papel que cumplen las Fuerzas Armadas en relación al combate del narcotráfico y la designación de Milani como Jefe del Ejército, denunciado por numerosas violaciones de los derechos humanos, son indicadores de una avanzada contra la Ley de Seguridad Interior que prohibía expresamente la utilización de estas instituciones en seguridad interna.

En este sentido, si bien los logros en estos últimos años de democracia han sido muchos, es necesario estar alertas contra el intento de implementar políticas represivas y de intromisión de las Fuerzas Armadas en los asuntos internos, como lo es la lucha contra el narcotráfico, que tanto daño han hecho históricamente a nuestro país.

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