Es ley el proyecto para otorgar un resarcimiento a ex presos políticos
La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que otorga un resarcimiento a los ex presos por razones políticas, sociales y gremiales que sufrieron la privación de la libertad hasta la restauración democrática del 10 de diciembre de 1983.
Los diputados aceptaron los cambios introducidos por los senadores, quienes eliminaron la fecha de inicio del período que comprendía el otorgamiento de la pensión graciable para hacerla más abarcativa.
La propuesta elaborada por el diputado formoseño Juan Carlos Díaz Roig ya tenía la media sanción del Senado y fue aprobada por 176 votos a favor, 2 en contra y una abstención. El proyecto de resarcimiento alcanza a los ex presos por cuestiones políticas, sociales, gremiales o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983.
La remuneración otorgada será un monto mensual de entre 5 mil y 6 mil pesos.
La letra de lanorma reza: “Serán beneficiarios indiscutiblemente por situación probada quienes hayan sido alcanzados por las leyes 25.915 y 24.043”, es decir quienes cobraron indemnizaciones por ser nacidos durante el cautiverio de sus madres o porque siendo menores de edad estuvieron detenidos junto con sus padres, y quienes cobraron indemnizaciones por haber quedado a disposición del PEN durante la vigencia del estado de sitio, o bien fueron detenidos por actos emanados de tribunales militares.
En el segundo inciso del punto que detalla los beneficiarios, se incluye a quienes fueron privados de la libertad, ya sean civiles o militares, “por actos emanados de unidades o tribunales militares especiales o consejos de guerra, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional”.
Finalmente incluye a quienes fueron detenidos “por tribunales civiles en virtud de la aplicación de la Ley 20.840” de septiembre de 1974, conocida como “ley de seguridad nacional”, que incluyó tipos penales imprecisos con el fin de abarcar “las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”, y quienes fueron detenidos en base a “cualquier otra ley, decreto o resolución de esa índole, habiendo permanecido detenido bajo el régimen de ‘detenidos especiales’, violatorio de los derechos humanos amparados constitucionalmente”. En caso de fallecimiento del ex preso político, podrán ser beneficiarios sus “derechohabientes”, léase cónyuge o concubina que pruebe la relación de convivencia, o bien los hijos. El órgano de aplicación de las pensiones será la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La iniciativa no estaba contemplada inicialmente en el plan de labor, pero fue incorporada a sugerencia de la jefa del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, lo que fue festejado por las decenas de militantes políticos que colmaron los palcos del recinto de sesiones.
La decisión de los diputados de sancionar en un rápido trámite fue aplaudida por los ex presos políticos que presenciaron la sesión especial y se retiraron entonando cánticos de respaldo al proyecto que les permitirá tener un resarcimiento por haber sufrido la prisión por cuestiones políticas, gremiales o sociales previo a la restauración democrática.
FUENTES: PÁGINA 12, TELAM, LA NACIÓN