A casi 10 años del primer pedido, la Ley de Humedales sigue en plena disputa

Las ONG ambientales cuestionaron a la oposición por la falta de consenso para el tratamiento de la Ley de Humedales. Aseguran que es necesario un ordenamiento territorial y que “ningún artículo prohíbe la producción”. Cuáles son los puntos centrales y qué cambió desde el primer proyecto presentado en el Congreso.

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Hace seis semanas, el debate por la Ley de Humedales se suspendió para poder “escuchar las posiciones de los gobernadores”. Ahora, el presidente de la comisión de Recurso Naturales Leonardo Grosso, busca avanzar con el dictamen en un plenario a realizarse este jueves pero la oposición adelantó que no acudirá. Grupos ambientalistas expresaron su preocupación y aseguraron que el proyecto no incide en las actividades productivas que ponen en jaque a los mandatarios y sus economías regionales.

En abril de 2013 la senadora por Entre Ríos, Elsa Ruiz Díaz presentó el primer proyecto de ley para proteger a los humedales. A lo largo del tiempo, solo en 2015 y 2018 dos proyectos lograron media sanción en el Senado pero no pudieron sancionarse dado que no fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Desde esa fecha los avances no fueron significativos y una vez más, el debate vuelve a la incertidumbre.

La abogada e integrante de El Paraná no se toca, Romina Araguás remarcó a Infobae que la ley es necesaria para un “ordenamiento territorial” que determine cuáles son los humedales existentes en el país y qué actividades se pueden realizar en dichas zonas. Para ello, uno de los puntos centrales es la realización de un inventario de humedales a cargo de “Nación y no que sean las provincias las que determinen cuáles son las zonas”, planteó.

Al respecto, cuestionó que “las provincias tienen intereses económicos y la idea es categorizar la menor cantidad de humedales. Que sea un criterios biológico y ecológico el que determine, no un criterio económico”.

En tal sentido, Rodolfo Martínez de la Multisectorial Humedales planteó que es posible integrar las economías productivas con la conservación ambiental dado que “de ninguna manera es una ley prohibitiva”. Al respecto, detalló que “ningún artículo prohíbe la producción, estamos hablando de que al igual que la ley de bosques y glaciares, ninguna le puso fin a la producción en Argentina sino lo que establece es formas y dependiendo en la zona”

Araguás defendió la necesidad de un ordenamiento por parte de un organismo nacional basado en el “artículo 41 de la Constitución que es el artículo de protección. Porque hay humedales que son Interjurisdiccionales como el caso del Delta y no podemos pretender que cada provincia proteja su humedal porque la división política no respeta el ecosistema”.

Como parte de los ejes centrales de la ley, la activista remarcó que también “tiene que haber una moratoria para que no se autoricen nuevas actividades hasta tanto no se realice este inventario”.

Este miércoles, los jefes de bloque del PRO, la UCR y la Coalición Cívica enviaron una nota a las autoridades de la Cámara donde denunciaron “la absoluta irregularidad” de la citación a la reunión. “Pretender continuarlo en día y hora distintos a lo dispuesto al momento de resolver el pase a cuarto intermedio, supone una clara violación a nuestro reglamento”, cuestionaron.

Fuente: Infobae

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