Puerto: el perjuicio económico para la Provincia supera los 20 millones de dólares
Así lo indica el informe presentado por la Comisión Investigadora del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe. Señala además que, de objetivos portuarios se pasó netamente a objetivos comerciales o inmobiliarios, que claramente favorecieron intereses privados con fondos públicos.
La Comisión Investigadora del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe presentó públicamente, en conferencia de prensa, el informe que cuenta con más de 900 fojas de documental recabado y más de 20 testimonios que dan cuenta de las irregularidades cometidas por dicha administración, con la anuencia del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Cabe recordar que dicha comisión, presidida por el Diputado Provincial Leandro Busatto e integrada por los Diputados Federico Reutemann, Héctor Acuña, Mario Lacava y Ricardo Olivera, fue creada el 29 de mayo de 2014 por la resolución 666 de la Cámara de Diputados de Santa Fe, con la finalidad de investigar hechos denunciados públicamente sobre irregularidades cometidas por el Ente Administrador, principalmente bajo la presidencia de Marcelo Vorobiof, designado por el ex Gobernador Hermes Binner como representante del Estado y ratificado por el Gobernador Bonfatti. Dichas irregularidades son materia de investigación judicial.
También es necesario recordar que en el marco de la ley 24093 del año 1992 la Nación dispuso el traslado de los distintos puertos que operaban bajo su jurisdicción a las provincias, con la condición de que las mismas sancionaran una ley que les permitiera crear un ente no estatal para la administración de los puertos y el manejo de los mismos. En ese marco es que se creó la ley 11011, la cual estableció la creación del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe. Sobre ello, el legislador del Frente Para la Victoria, expresó: “Esa misma ley es la que ha sufrido distintas vulneraciones, cometidas por el representante de la provincia en el Ente. Entendemos que eso fue posible por la falta de control del Gobierno Provincial, que pese a tener funcionarios como Víctor Hadad, Secretario de Puertos y Vías Navegables, que participó en algunas reuniones de directorio, o pese a contar con dos informes que realizó la Sindicatura General de la Provincia, se negó a actuar; no dispuso ninguna recomendación a sus representantes en el directorio y permitió que todas estas vulneraciones al régimen legal fueran posibles”.
El informe enumera una serie de puntos, entre los que se destacan “un perjuicio económico para la provincia que en algunos casos supera los 20 millones de dólares; se produjo además, un desplazamiento de los objetivos del puerto, de objetivos portuarios se pasó netamente a objetivos comerciales o inmobiliarios, que claramente favorecieron intereses privados con fondos públicos; se ha entronizado la discrecionalidad como manera de conducirse en contrataciones que el Ente ha hecho y se han contratado distintas empresas para la realización de obras que tenían poca solvencia técnica, pocos antecedentes, y que estaban vinculadas a través de algún nivel de parentesco o amistad con quien era el director del Ente del Puerto de Santa Fe representando a la provincia, Marcelo Vorobiof”, continuó el diputado.
En las más de 20 audiencias, la comisión ha recibido a funcionarios, como al propio Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, al Dr. Hadad, Director Provincial de Entes Portuarios, y al representante del municipio de Santa Fe, el Dr. Chemes, quienes manifestaron que la ley 11011 no posibilitaba un marco para que el Estado pudiera controlar a quienes se desempeñaban a cargo del puerto de Santa Fe. “Nosotros entendemos que esto no es así, que hay consideraciones de hecho y de derecho que permiten afirmar que la ley 11011 tiene un carácter público y que habilita en sus distintos artículos el contralor por parte del Estado e inclusive prevé la figura de la intervención al Ente Administrador del Puerto, o por lo menos la posibilidad de recomendarle a su representante que actúe de otra manera. A su vez, los informes de la sindicatura también traslucían este tipo de irregularidades”, afirmó el Presidente de la Comisión.
Para finalizar, Busatto opinó: “En todo momento cuando hubo que definir y que decidir en qué lugar pararse, el bloque del oficialismo (en Diputados), y las fuerzas políticas del radicalismo de esta ciudad y del socialismo en esta provincia, siempre se han parado en pos de obstruir cualquier tipo de investigación. No conformaron la comisión, no nos dieron la información que requerimos en su momento y el día que hubo que darle tratamiento al ingreso del informe se negaron sistemáticamente en una actitud que tiene que ver claramente con una complicidad a las irregularidades que ha sufrido el Ente del Puerto de Santa Fe, y en una actitud tendiente a tratar de obstruir el avance de una investigación que a todas luces siempre trató de resguardar la salud del patrimonio del puerto, y de que la administración pública en la provincia y el poder político no fueran conniventes con cualquier hecho de corrupción”. Asimismo, aseguró: “A cualquier gobernador le puede pasar el hecho de encontrar entre sus funcionarios a alguna persona corrupta, lo que no puede hacer es seguir avalándolo una vez que toma conocimiento de la situación, porque de esta manera el gobernador termina siendo parte o cómplice de ese hecho de corrupción, y queda evidenciado que el Poder Ejecutivo estaba al tanto de los hechos enumerados”.