Pretenden el desarrollo de pequeñas y medianas empresas agroalimentarias en el norte santafesino
El diputado provincial Eduardo Toniolli (PJ) ingresó una iniciativa que promueve la generación de un fondo para financiar proyectos de creación o ampliación de pequeñas y medianas empresas agroalimentarias en los departamentos del norte y la costa provincial, con el objetivo de – según señaló su autor – “aportar valor agregado en origen a diversas producciones primarias” y “generar fuentes de trabajo directas e indirectas en los departamentos más postergados de nuestra provincia”.
En declaraciones a la prensa, el titular de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja provincial, adelantó que el proyecto de Ley propone “la creación de un fondo anual de al menos $80 millones que servirá para financiar proyectos de creación o ampliación de empresas agroalimentarias ya existentes, en los departamentos 9 de julio, General Obligado, Vera, San Cristóbal, San Justo, San Javier y Garay”. “La elección de la región tiene que ver con que se trata de los departamentos con mayor grado de indicadores socioeconómicos deficitarios como altas tasas de analfabetismo, mayor porcentaje de población en edad de trabajar sin instrucción o con primaria incompleta, el más alto porcentaje de población sin obra social y con falta de aportes sociales y previsionales”, señaló Toniolli, y agregó que “también son los de menor porcentaje de población con ocupación en la industria manufacturera, con un predominio de actividades agropecuarias de tipo extensivo, generalmente expulsoras de mano de obra ante los procesos de intensificación tecnológica en las tareas tradicionales del sector agropecuario”.
Toniolli señaló además que, de aprobarse la Ley, “la unidad ejecutora del fondo, gestionada por el Ministerio de la Producción, efectuará anualmente una convocatoria a concurso de proyectos que creen al menos 5 puestos de directos y permanentes, que generen no menos del 30% de valor agregado, que procesen al menos un 75% de materias primas con origen en estos departamentos, y que evidencien posibilidades ciertas de retener los excedentes financieros dentro de la región, por eso está dirigido a empresas con domicilio fiscal en nuestra provincia”.
El legislador del Movimiento Evita agregó que la iniciativa tiene por objetivo “generar cadenas de valor con mayor mano de obra y agregado local, pequeños polos de actividades agroalimentarias que ayuden a desconcentrar la producción de alimentos, muchas veces elaborados fuera de la provincia o con condiciones oligopólicas de producción, que no favorecen ni al pequeño productor primario, ni mucho menos al consumidor”, que estiman que “en función del dinero que cada uno de estos puestos de trabajo industriales nuevo requiere para ser competitivo (unos U$S 30 mil según la CEPAL), con el monto propuesto se pueden generar 250 empleos directos genuinos anualmente, mas o menos una empresa mediana y dos pequeñas por departamento por año”, y ejemplificó con experiencias de agregado de valor local que podrían potenciar producciones primarias regionales: “pequeñas plantas para industrializar lácteos, para conservas de pescados o chivos, envasado de arroz, disecado de tomates o especias, pequeños frigoríficos que permitan que los pescadores no tengan que vender a precios irrisorios la mercadería por no tener logística para conservarla; por otra parte estamos hablando de todas pequeñas industrias que requieren de maquinaria que otras industrias de Rosario, Santa Fe y otros centros urbanos de la provincia producen”.
Por último, el proyecto de Ley presentado por Toniolli con el acompañamiento de sus compañeros de bloque, el diputado Gerardo Rico y la diputada Mariana Robustelli, propone obtener los fondos necesarios para integrar el fondo, “retirando la excepción en el pago de ingresos brutos para los propietarios rurales que arriendan hasta cinco inmuebles independientemente del valor de los mismos, pasando a seguir el criterio utilizado por provincias vecinas como Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, que gravan la renta de estos inmuebles a nivel general, realizando diferencias o excepciones impositivas en función del tamaño o valor fiscal de los inmuebles”.