Media sanción al proyecto para decomisar bienes del narcotráfico
El Senado nacional aprobó y giró a Diputados la ley de “extinción del dominio sobre los bienes provenientes del narcotráfico”, con lo cual –en caso de sancionarse- permitirá atacar con mayor efectividad a las bandas ligadas a delitos como el narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.
Con esta herramienta, no sería necesario esperar que un proceso judicial termine en una sentencia para recién luego ir sobre los bienes obtenidos de un modo ilícito por los condenados.
Cuando existan «indicios vehementes y suficientes» en relación al modo delictivo de la obtención de recursos, la Justicia penal federal podrá decomisarlos al inicio del proceso jurídico, y no al final, cuando llega la sentencia, que incluso puede ser absolutaria. Que suele ocurrir luego de varios años.
El proyecto de ley que modifica el artículo 23 del Código Penal, e introduce el 23 bis, nació por iniciativa del senador Rubén Giustiniani (PS – Santa Fe), quien luego consensuó con otras tres propuestas, de la UCR, el oficialismo y el PRO— y este miércoles fue votado por unanimidad.
“Los bienes recuperados contribuirán a asfixiar económicamente a las organizaciones criminales, y también a financiar los programas de prevención y rehabilitación de drogadependientes y adictos», expresó el senador socialista en el recinto de la Cámara Alta.
La norma crea la Dirección Nacional de Bienes Incautados, que se encargará de la custodia, administración, conservación y disposición de los bienes.
Según estimó el Giustiniani, el mercado ilícito de las drogas implican unos 320 mil millones de dólares, a escala global. Una cifra cercana al 1% del PBI mundial.
El proyecto fue defendido por Aníbal Fernández (FPV), Gerardo Morales (UCR) y Adolfo Rodríguez Saá.
La senadora Gabriela Michetti, quien también votó la media sanción, aprovechó a celebrar que en este caso el oficialismo aceptó incorporar una proyecto que provino de la oposición.
Entre sus fundamentos, el texto aclara que mantiene absoluta compatibilidad con los preceptos constitucionales, en particular con el derecho a la propiedad. Los bienes adquiridos con capitales ilícitos no tienen legitimidad ni gozan de protección legal.
Por lo demás, el proyecto protege derechos y garantías constitucionales de los potenciales afectados. Se garantizará el debido proceso y la defensa en juicio, de tal forma de resolver el «incidente», en este caso el decomiso anticipado.
Finalmente, el derecho de propiedad consagrado por los artículos 14 y 17 de la Constitución no es absoluto, sino que su cumplimiento está sujeto a su función social. Estos derechos no pueden ser reconocidos cuando los bienes provengan de actividades ilícitas.
(Fuente: La Capital