Media sanción a la reforma de la ley de Abastecimiento

El oficialismo aprobó en el Senado y giró a la Cámara de Diputados el paquete de proyectos para regular las relaciones entre consumidores y empresas y modificar la ley de Abastecimiento.

La iniciativa que plantea una regulación de las relaciones de producción y consumo con modificaciones a la ley de Abastecimiento, la más resistida por la oposición y las cámaras empresarias, fue aprobada con 38 votos a favor y 27 en contra, al igual que la que crea el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Bienes y Servicios.

En tanto, el proyecto que crea un fuero judicial especial para dirimir conflictos entre usuarios y empresas fue apoyado en la votación en general por la UCR y resultó aprobado con 53 votos a favor y 11 en contra.

El santacruceño Pablo González fue el miembro informante del bloque Frente Para la Victoria y subrayó que «el 99 por ciento de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas empresas», que no son contempladas por la reforma de la Ley de Abastecimiento siempre que no tengan posición dominante de mercado.

«Estamos hablando del uno por ciento», remarcó el senador y agregó: «Estos son los que queremos controlar, no los comercios».

La peronista federal Liliana Negre de Alonso fue una de las más críticas sobre la reforma de la Ley de Abastecimiento al considerar que tiene «violaciones a la Constitución» como «darle facultades judiciales a un órgano administrativo», en referencia a la Secretaría de Comercio.

La iniciativa más polémica autoriza al Estado a «establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia» y «niveles máximos y mínimos de precios», además de establecer «niveles mínimos» de producción, comercialización o distribución.

También podrá exigir documentación y «todo tipo de libros» a las empresas por parte del Estado. Se realizará «en caso de configurarse algunos de los supuestos previstos», como elevar «injustificadamente los precios», acaparar materias primas o productos, y destruir mercaderías, entre otras conductas.

Además, habilita a los gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a «fijar precios máximos».

El oficialismo hizo cambios a la iniciativa durante el debate en el plenario de comisiones, atento a las críticas realizadas por la gran mayoría de las cámaras empresarias y el total de los senadores opositores.

Entre esos cambios, se destacó la exclusión del alcance de la norma para las pymes que no tengan posición dominante de mercado y la necesidad de autorización judicial previa para inhabilitar o clausurar temporalmente empresas infractoras, algo que no estaba contemplado en la iniciativa original enviada por la Casa Rosada.

Se eliminó la posibilidad de clausurar definitivamente una empresa y se fijó que «en caso de la obligación de producir a pérdida, se le pague una compensación justa y oportuna».

Otro de los proyectos establece la creación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), que intervendrá en los reclamos «de derechos individuales» de usuarios o consumidores cuyo monto «no exceda» al de 55 salarios mínimos.

Esta iniciativa también crea la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo, que entenderá en las causas referidas a relaciones de consumo cuando el monto de la demanda no supere los 55 salarios mínimos.

Para esto, se establece la creación de ocho juzgados de primera instancia y una Cámara Federal y Nacional de Apelaciones.

Por último, el proyecto para crear el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Bienes y Servicios, que remitirá sus observaciones a la Secretaría de Comercio.

Además, podrá recomendar a la Autoridad de Aplicación (que será designada por el Ejecutivo) el requerimiento de la documentación comercial de una empresa.

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