Estudian un proyecto de ley denominado “Acceso a la Información Pública”.
Esta iniciativa, ingresada en la Cámara de Diputados tiene por objeto: garantizar el derecho de acceso a la información pública y asegurar la transparencia de en los órganos del Estado.
La iniciativa establece como Derecho de los Ciudadanos la posibilidad de acceder a la información de la Administración Pública, previa solicitud, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado, y debe a su vez ser informado de los derechos que les otorga esta normativa.
“El acceso a la información pública es un Derecho fundamental, lo garantiza la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional”, dijo la autora del proyecto Marcela Aeberhard (PJ) a través de un comunicado.
La legisladora también considera que “si bien el gobierno provincial ha dado pasos importantes con el decreto 692/2009 que regula el mecanismo de acceso a la información pública, se debe avanzar hacia un ley que asegure este derecho y que evite que su efectivo ejercicio quede al arbitrio del sujeto – organismo público- al que se le requiere información”.
La principal diferencia entre una ley y un decreto radica en que la primera abarca a los tres poderes del Estado, así los procedimientos, plazos, sanciones, un régimen de excepciones, garantiza la plena vigencia del derecho.
La ley puede ser aplicada en distintos casos y aspectos de la vida social, un ciudadano puede solicitar información sobre las prestaciones de servicios básicos y los aumentos tarifarios a los cuales es sometido. Una organización ambientalista puede requerir datos sobre las políticas adoptadas por el Estado a efectos de proteger el medio ambiente.
Aeberhard sostiene: “en el caso del periodismo es una herramienta democrática, no sólo se elimina la discrecionalidad sino que además se trata de una fuente inobjetable, al ser, información oficial, así el mecanismo de acceso a la información puede ser utilizado para saber que curso siguió un plan de gobierno, acceder a la rendición de cuentas sobre utilización de fondos públicos, conocer de qué modo se distribuye la pauta oficial, recabar información sobre concesiones como cánones que se pagan y duración de contratos, entre otros ejemplos”.
En este sentido Aeberhard señaló que “ el derecho de acceso a la información es directamente proporcional a la cultura cívica de la ciudadanía y al estado de desarrollo democrático de un país, mejorar estas variables implica recorrer un camino largo de construcción cotidiana, que requiere de persistencia, convicción, visión de futuro y del accionar responsable de todos los sectores sociales en un Estado social y democrático de derecho”.