Intenso debate por las armas en el Concejo
El Concejo Municipal de Santa Fe solicitó nuevas medidas y convalidó el decreto del Ejecutivo que suspende por 90 días la venta de armas y municiones en la capital provincial, donde se registra un récord de homicidios.
Tras un debate de casi dos horas, los concejales también encomendaron al Ejecutivo elaborar en el plazo de 10 días hábiles un proyecto de Ordenanza para la regulación específica de la habilitación de locales vinculados con la comercialización de este tipo de materiales.
En el mismo sentido, se solicitó información sobre armas y municiones con las cuales cuentan los negocios.
Si bien el cuerpo avaló la Resolución Nº 526 del pasado 15 de octubre dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal que suspende la habilitación para comercializar armas y municiones en la ciudad, también incorporó un punto: que los dueños de las armerías suspendidas podrán solicitar la reanudación de la habilitación si demuestran que cumplen con todos los requisitos.
Otros puntos solicitados fueron establecer requisitos para obtener la correspondiente habilitación municipal, vinculados a la acreditación fehaciente del cumplimiento de las exigencias previstas en las Leyes Nacionales Nº 20.429 y Nº 24.492, sus modificatorias y toda otra normativa reglamentaria o complementaria que regule la materia a la que refiere la presente.
Además, contemplar un régimen sancionatorio específico; y analizar la posibilidad de incorporar exigencias, como la constitución de un seguro de responsabilidad civil a favor de terceros por los daños que pudieran derivarse del desarrollo de la actividad de venta de armas.
También se resolvió promover convenios con organismos nacionales o provinciales con competencia específica para generar instancias de colaboración y cooperación
Ausencias
El texto aprobado por el Concejo contó con el solo voto favorable del oficialismo, el rechazo del PJ y las llamativas ausencias de los ediles del bloque 100% Santafesino, Fernando Fleitas y Cristian Huser.
Voces a favor
La concejala Adriana Molina (FPCyS-UCR) calificó de “razonable y conveniente la resolución del Intendente desde el Ejecutivo Municipal”.
“Hemos intentado responder con respecto a la violencia y el delito; como las cámaras, Guardia Urbana, botones de alerta, entre otras acciones. Y en este Cuerpo, en cada uno de las Sesiones, ha habido pedidos de informes, proyectos y resoluciones”, expresó.
Por su parte, el presidente del Concejo, Leonardo Simoniello (FPCyS-UCR), opinó que se trató de “un debate complicado, en un contexto en el que cada una de las opiniones tendrá algo de razón”.
“Creo que esta es una decisión política que más allá de compartirse o no tiene un basamento en cuanto a su legitimidad política porque estamos ante un problema grave, se hizo mucho y hay mucho para hacer”, añadió.
A su turno, Leandro González (FPCyS-UCR), entendió que “desde la política todos debemos hacernos cargo de ir a la par en este proceso”.
En tanto, Ariel Rodríguez (FPCyS-UCR) explicó que se trata de “una política en un momento determinado y ejecutada para intentar atacar un problema”.
En contra
Juan José Saleme (Bloque Justicialista Santa Fe es una Sola) cuestionó la decisión del Municipio y consideró que se trata de una “medida es aislada, efectista y que nada viene a solucionar en el problema de la inseguridad, sino que viene a perjudicar a quienes venden lícitamente armas y a los que son usuarios legítimos de armas”.
Tomás Norman (Unión PRO Federal) dijo compartir la preocupación del intendente José Corral, pero calificó de “desacertada” la medida.
“Entiendo que los delincuentes no compran las armas en el mercado legal, entonces la medida lejos de limitar la compra de parte de ellos, perjudica a los vecinos que desean adquirir un arma legal de forma legítima”, apuntó.
Sebastián Pignata (Bloque Justicialista Santa Fe es una Sola) señaló que la medida fue inconsulta y cuestionó la actitud de Corral.
Por su parte, Ignacio Martínez Kerz (Bloque Justicialista Santa Fe es una Sola) criticó la medida y ratificó su rechazo.