«Es hora de legislar en favor de los trabajadores»

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* Por Guillermo Suárez 

 

El Proyecto contra Despidos Arbitrarios del SADOP no puede ser desoído por ningún representante del pueblo.

Desde hace muchos años, en el ámbito de la República Argentina y de la Provincia de Santa Fe, las y los trabajadores de la educación que nos desempeñamos en el ámbito privado, venimos luchando por sumar derechos que provean a nuestra actividad de un marco regulatorio capaz de darle certeza a la relación laboral.

En este sentido y en el escenario actual del mundo del trabajo, con las políticas económicas y sociales que en estos meses ha implementado el Gobierno Nacional, proteger el empleo y, fundamentalmente, proteger al trabajador, constituyen premisas que desde el SADOP ponemos en primer lugar.

Por tal motivo, con el necesario acompañamiento de varios Legisladores de diversas fuerzas políticas, hemos vuelto a presentar un proyecto de ley que denominamos Contra los Despidos Arbitrarios el cual, a través de la modificación de un artículo de la Ley N° 6427 de Educación Privada, dispone la quita del aporte estatal para el cargo que ocupaba el docente despedido, cuando no exista expresión de justa causa o se haya sustanciado el sumario previo.

Dicho en otras palabras, lo que se pretende es desalentar desde el Estado los despidos sin causa o por causas inconfesables, cuando además tales indemnizaciones son financiadas – directa o indirectamente – con los recursos que el propio Estado inyecta en la Educación Privada para garantizar su funcionamiento.

Para terminar de comprender la magnitud de este fenómeno y de la gravedad de no legislar al respecto, nada mejor que conocer algunos números que ilustran de lo que estamos hablando. La educación privada de la provincia de Santa Fe representa a 27 mil docentes, 250 mil alumnos y 870 escuelas, es decir, el treinta por ciento de todo el sistema.

El estado aporta a las escuelas privadas de la provincia de Santa Fe más de cuatro mil millones de pesos. Esta masa presupuestaria volcada por el estado, sirve para mantener en funcionamiento los establecimientos educativos. Bajo ningún concepto para un uso discrecional de las entidades propietarias de las mismas. Por consiguiente, no podemos permitir que las escuelas sigan despidiendo maestros pagando abultadas sumas en concepto de indemnización con el dinero que el estado destina para que la calidad de la educación siga creciendo.

Creemos que este proyecto constituye un aporte importante, que pone un poco más de justicia en la relación de empleo y que está destinado a minimizar la arbitrariedad patronal y maximizar los derechos de los trabajadores. Esperamos que los Legisladores Provinciales – Diputados y Senadores – estén a la altura de lo que alguna vez expresó Raúl Scalabrini Ortiz: «Todo lo que no se legisla explícitamente a favor del más débil, queda implícitamente legislado a favor del más fuerte».

 

 

 

 

* Secretario de Relaciones Institucionales – Sadop Santa Fe

 

 

 

 

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