“El aumento sostenido de la inflación genera enormes dificultades sobre el conjunto de la sociedad”.
* Por Franco Ponce de León, concejal de Santa Fe (CC-ARI – FPCS)
Resultan sumamente preocupantes los niveles de inflación con los que convivimos día a día siendo que repercuten considerablemente, sobre todo, en los asalariados y los que menos tienen.
Los índices actuales no son responsabilidad exclusiva de la gestión nacional actual, sino que vienen arrastrándose desde el Gobierno anterior, acentuándose claramente en los últimos años.
Este problema que padecemos los Argentinos no es nuevo, ni mucho menos, es histórico-estructural y multifactorial. Argentina ha sostenido a lo largo de diversas etapas de su vida institucional un mecanismo de licuación de salarios donde, al ser más lenta la recomposición salarial –que siempre va detrás de los precios-, los ciudadanos han perdido gran parte del poder de compra.
Las razones de la actual inflación son múltiples y complejas. El Gobierno Nacional, principalmente, pero así también los demás estamentos guberanamentales, deben accionar fuertemente con todas las herramientas que esten a su alcance para controlar y disminuír rápidamente este mal endemíco que aqueja a los Argentinos, la inflación.
Uno de los principales eslabones que dan origen a este problema son los llamados “formadores de precios”, grandes empresas que merced a su posición oligopólica en el mercado imponen precios de referencia inadecuados, apropiándose de gran parte del mayor poder de adquisitivo de la población; es ahí donde los Estados Nacional, Provincial y Municipal, deben poner el máximo esfuerzo para controlar esta situación y articular políticas para atemperar esta condición.
Se require de un Estado fuerte, revitalizado, que cumpla su rol de policía en el ejercicio de cuidar a los ciudadanos-consumidores, a la vez que genere los consensos necesarios para diseñar políticas integrales, donde cada una de la partes intervinientes tomen el compromiso de formar un modelo de desarrollo que busque una mejor redistribución del ingreso.
Nuestro país lamentablemente tiene una larga “tradición inflacionaria”, y los usuarios y consumidores debemos hacer sentir el peso que tenemos con más énfasis, no avalando precios que no son acordes a la realidad.
Nosotros, desde los ámbitos legislativos, debemos darle a los Ejecutivos las herramientas necesarias para poder ejercer un mejor control, como así también legislar para continuar empoderando a los consumidores y usuarios.
Todos juntos debemos realizar el máximo esfuerzo, cada uno con la responsabilidad que nos corresponde, en estos difíciles momentos que vivimos y proyectar un país con una economía sostenible en el tiempo, sustentada en políticas económicas y sociales de largo alcance (políticas de estado) poniendo énfasis siempre en los sectores de mayor vulnerabilidad, más allá de quienes ejerzan las funciones de gobierno.